martes, 23 de octubre de 2012

CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES


CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES
(hecho el 25 de octubre de 1980)
Los Estados signatarios del presente Convenio,
Profundamente convencidos de que los intereses del menor son de una importancia
primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia,
Deseosos de proteger al menor, en el plano internacional, de los efectos
perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita, y de establecer los
procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor a un Estado en
que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita,
Han resuelto concluir un Convenio a tal efecto, y han acordado las diposiciones
siguientes:
CAPITULO I - AMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
Artículo 1
La finalidad del presente Convenio será la siguiente:
a) garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de
manera ilícita en cualquier Estado contratante;
b) velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados
contratantes se respeten en los demás Estados contratantes.
Artículo 2
Los Estados contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar
que se cumplan en sus territorios respectivos los objetivos del Convenio. Para ello deberán
recurrir a los procedimientos de urgencia de que dispongan.
Artículo 3
El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos:
a) cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido,
separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro
1 Se utiliza el término "convenio" como sinónimo de "convención".
2 Texto revisado en la reunión de los representantes de los países de habla española celebrada en La Haya,
en octubre de 1989. Como documento de trabajo se utilizó la traducción realizada en España y publicada en el
Boletín Oficial del Estado de 24 de agosto de 1987 así como la corrección de errores publicada en el Boletín
Oficial del Estado de 30 de junio de 1989. Existen asimismo traducciones oficiales en Argentina, México y
Ecuador.
organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su
residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y
b) cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el
momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse
producido dicho traslado o retención.
El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una
atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo
vigente según el derecho de dicho Estado.
Artículo 4
El Convenio se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un
Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de
visita. El Convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años.
Artículo 5
A los efectos del presente Convenio:
a) el "derecho de custodia" comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona
del menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia;
b) el "derecho de visita" comprenderá el derecho de llevar al menor, por un periodo
de tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia
habitual.
CAPITULO II - AUTORIDADES CENTRALES
Artículo 6
Cada uno de los Estados contratantes designará una Autoridad Central encargada
del cumplimiento de las obligaciones que le impone el Convenio.
Los Estados federales, los Estados en que estén vigentes más de un sistema de
derecho o los Estados que cuenten con organizaciones territoriales autónomas tendrán
libertad para designar más de una Autoridad Central y para especificar la extensión
territorial de los poderes de cada una de estas Autoridades. El Estado que haga uso de esta
facultad designará la Autoridad Central a la que puedan dirigirse las solicitudes, con el fin
de que las transmita a la Autoridad Central de dicho Estado.
Artículo 7
Las Autoridades Centrales deberán colaborar entre sí y promover la colaboración
entre las Autoridades competentes en sus respectivos Estados, con el fin de garantizar la
restitución inmediata de los menores y para conseguir el resto de los objetivos del presente
Convenio.
Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un intermediario,
todas las medidas apropiadas que permitan:
a) localizar al menor trasladado o retenido de manera ilícita;
b) prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes
interesadas, para lo cual adoptarán o harán que se adopten medidas provisionales;
c) garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable;
d) intercambiar información relativa a la situación social del menor, si se estima
conveniente;
e) facilitar información general sobre la legislación de su país relativa a la aplicación
del Convenio;
f) incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con el
objeto de conseguir la restitución del menor y, en su caso, permitir que se regule o
se ejerza de manera efectiva el derecho de visita;
g) conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica,
incluida la participación de un abogado;
h) garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin
peligro, si ello fuese necesario y apropiado;
i) mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del presente Convenio y
eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha
aplicación.
CAPITULO III - RESTITUCION DEL MENOR
Artículo 8
Toda persona, institución u organismo que sostenga que un menor ha sido objeto
de traslado o retención con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse a la
Autoridad Central de la residencia habitual del menor, o a la de cualquier otro Estado
contratante, para que, con su asistencia, quede garantizada la restitución del menor.
La solicitud incluirá:
a) información relativa a la identidad del solicitante , del menor y de la persona que se
alega que ha sustraído o retenido al menor;
b) la fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla;
c) los motivos en que se basa el solicitante para reclamar la restitución del menor;
d) toda la información disponible relativa a la localización del menor y la identidad de
la persona con la que se supone que está el menor;
e) una copia auténtica de toda decisión o acuerdo pertinentes;
f) una certificación o declaración jurada expedida por una Autoridad Central o por
otra autoridad competente del Estado donde el menor tenga su residencia habitual o
por una persona cualificada con respecto al derecho vigente en esta materia de
dicho Estado.
g) cualquier otro documento pertinente.
Artículo 9
Si la Autoridad Central que recibe una solicitud en virtud de lo dispuesto en el
artículo 8 tiene razones para creer que el menor se encuentra en otro Estado contratante,
transmitirá la solicitud directamente y sin demora a la Autoridad Central de ese Estado
contratante e informará a la Autoridad Central requirente o, en su caso, al solicitante.
Artículo 10
La Autoridad Central del Estado donde se encuentre el menor adoptará o hará que
se adopten todas las medidas adecuadas tendentes a conseguir la restitución voluntaria del
menor.
Artículo 11
Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes actuarán
con urgencia en los procedimientos para la restitución de los menores.
Si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a una
decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de iniciación de los
procedimientos, el solicitante o la Autoridad Central del Estado requerido, por iniciativa
propia o a instancia de la Autoridad Central del Estado requirente tendrá derecho a pedir
una declaración sobre las razones de la demora.
Si la Autoridad Central del Estado requerido recibiera una respuesta, dicha
Autoridad la transmitirá a la Autoridad Central del Estado requirente o, en su caso, al
solicitante.
Artículo 12
Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido
previsto en el artículo 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad
judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera
transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o
retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor.
La autoridad judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieren iniciado
los procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia
en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor salvo que quede
demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente.
Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones
para creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento
o rechazar la solicitud de retorno del menor.
Artículo 13
No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o
administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si
la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que:
a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del
menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que
fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado
o retención; o
b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro
grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una
situación intolerable.
La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la
restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando
el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener
en cuenta sus opiniones.
Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las
autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la
situación social del menor proporcione la Autoridad Central u otra autoridad competente
del lugar de residencia habitual del menor.
Artículo 14
Para determinar la existencia de un traslado o de una retención ilícitos en el sentido
del artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrá tener
en cuenta directamente la legislación y las decisiones judiciales o administrativas, ya estén
reconocidas formalmente o no en el Estado de la residencia habitual del menor, sin tener
que recurrir a procedimientos concretos para probar la vigencia de esa legislación o para el
reconocimiento de las decisiones extranjeras que de lo contrario serían aplicables.
Artículo 15
Las autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante, antes de
emitir una orden para la restitución del menor podrán pedir que el solicitante obtenga de
las autoridades del Estado de residencia habitual del menor una decisión o una
certificación que acredite que el traslado o retención del menor era ilícito en el sentido
previsto en el artículo 3 del Convenio, siempre que la mencionada decisión o certificación
pueda obtenerse en dicho Estado. Las Autoridades Centrales de los Estados contratantes
harán todo lo posible por prestar asistencia al solicitante para que obtenga una decisión o
certificación de esa clase.
Artículo 16
Después de haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos de un menor
en el sentido previsto en el artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del
Estado contratante a donde haya sido trasladado el menor o donde esté retenido
ilícitamente, no decidirán sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia hasta que
se haya determinado que no se reúnen las condiciones del presente Convenio para la
restitución del menor o hasta que haya transcurrido un periodo de tiempo razonable sin que
se haya presentado una solicitud en virtud de este Convenio.
Artículo 17
El solo hecho de que se haya dictado una decisión relativa a la custodia del menor
o que esa decisión pueda ser reconocida en el Estado requerido no podrá justificar la
negativa para restituir a un menor conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, pero
las autoridades judiciales o administrativas del Estado podrán tener en cuenta los motivos
de dicha decisión al aplicar el presente Convenio.
Artículo 18
Las disposiciones del presente Capítulo no limitarán las facultades de una autoridad
judicial o administrativa para ordenar la restitución del menor en cualquier momento.
Artículo 19
Una decisión adoptada en virtud del presente Convenio sobre la restitución del
menor no afectará la cuestión de fondo del derecho de custodia.
Artículo 20
La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12 podrá denegarse
cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
CAPITULO IV - DERECHO DE VISITA
Artículo 21
Una solicitud que tenga como fin la organización o la garantía del ejercicio efectivo
del derecho de visita podrá presentarse a las Autoridades Centrales de los Estados
contratantes, en la misma forma que la solicitud para la restitución del menor.
Las Autoridades Centrales estarán sujetas a las obligaciones de cooperación
establecidas en el artículo 7 para asegurar el ejercicio pacífico del derecho de visita y el
cumplimiento de todas las condiciones a que pueda estar sujeto el ejercicio de ese derecho.
Las Autoridades Centrales adoptarán las medidas necesarias para eliminar, en la medida de
lo posible, todos los obstáculos para el ejercicio de ese derecho.
Las Autoridades Centrales, directamente o por vía de intermediarios, podrán incoar
procedimientos o favorecer su incoación con el fin de organizar o proteger dicho derecho y
asegurar el cumplimiento de las condiciones a que pudiera estar sujeto el ejercicio del
mismo.
CAPITULO V - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 22
No podrá exigirse fianza ni depósito alguno, cualquiera que sea la denominación
que se le dé, para garantizar el pago de las costas y gastos de los procedimientos judiciales
o administrativos previstos en el Convenio.
Artículo 23
No se exigirá, en el contexto del presente Convenio, legalización ni otras
formalidades análogas.
Artículo 24
Toda solicitud, comunicación u otro documento que se envíe a la Autoridad
Central del Estado requerido se remitirá en el idioma de origen e irá acompañado de una
traducción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado requerido o, cuando
esta traducción sea difícilmente realizable, de una traducción al francés o al inglés.
No obstante, un Estado contratante, mediante la formulación de una reserva
conforme a lo dispuesto en el artículo 42, podrá oponerse a la utilización del francés o del
inglés, pero no de ambos idiomas, en toda solicitud, comunicación u otros documentos que
se envíen a su Autoridad Central.
Artículo 25
Los nacionales de los Estados contratantes y las personas que residen en esos
Estados tendrán derecho en todo lo referente a la aplicación del presente Convenio, a la
asistencia judicial y al asesoramiento jurídico en cualquier otro Estado contratante en las
mismas condiciones que si fueran nacionales y residieran habitualmente en ese otro
Estado.
Artículo 26
Cada Autoridad Central sufragará sus propios gastos en la aplicación del presente
Convenio.
Las Autoridades Centrales y otros servicios públicos de los Estados contratantes no
impondrán cantidad alguna en relación con las solicitudes presentadas en virtud de lo
dispuesto en el presente Convenio ni exigirán al solicitante pago alguno por las costas y
gastos del proceso ni, dado el caso, por los gastos derivados de la participación de un
abogado o asesor jurídico. No obstante, se les podrá exigir el pago de los gastos
originados o que vayan a originarse por la restitución del menor.
Sin embargo, un Estado contratante, mediante la formulación de una reserva
conforme a lo dispuesto en el artículo 42, podrá declarar que no estará obligado a asumir
gasto alguno de los mencionados en el párrafo precedente que se deriven de la
participación de un abogado o asesores jurídicos o del proceso judicial, excepto en la
medida que dichos gastos puedan quedar cubiertos por un sistema de asistencia judicial y
asesoramiento jurídico.
Al ordenar la restitución de un menor o al expedir una orden relativa a los derechos
de visita conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, las autoridades judiciales o
administrativas podrán disponer, dado el caso, que la persona que trasladó o que retuvo al
menor o que impidió el ejercicio del derecho de visita, pague los gastos necesarios en que
haya incurrido el solicitante o en que se haya incurrido en su nombre, incluidos los gastos
de viajes, las costas de representación judicial del solicitante y los gastos de la restitución
del menor.
Artículo 27
Cuando se ponga de manifiesto que no se han cumplido las condiciones requeridas
en el presente Convenio o que la solicitud carece de fundamento, una Autoridad Central no
estará obligada a aceptar la solicitud. En este caso, la Autoridad Central informará
inmediatamente de sus motivos al solicitante o a la Autoridad Central por cuyo conducto
se haya presentado la solicitud, según el caso.
Artículo 28
Una Autoridad Central podrá exigir que la solicitud vaya acompañada de una
autorización por escrito que le confiera poderes para actuar por cuenta del solicitante, o
para designar un representante habilitado para actuar en su nombre.
Artículo 29
El presente Convenio no excluirá que cualquier persona, institución u organismo
que pretenda que ha habido una violación del derecho de custodia o del derecho de visita
en el sentido previsto en los artículos 3 o 21, reclame directamente ante las autoridades
judiciales o administrativas de un Estado contratante, conforme o no a las disposiciones del
presente Convenio.
Artículo 30
Toda solicitud presentada a las Autoridades Centrales o directamente a las
autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante de conformidad con los
términos del presente Convenio, junto con los documentos o cualquier otra información
que la acompañen o que haya proporcionado una Autoridad Central, será admisible ante
los tribunales o ante las autoridades administrativas de los Estados contratantes.
Artículo 31
Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o
más sistemas de derecho aplicables en unidades territoriales diferentes:
a) toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado, se interpretará que se
refiere a la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado;
b) toda referencia a la ley del Estado de residencia habitual, se interpretará que se
refiere a la ley de la unidad territorial del Estado donde resida habitualmente el
menor.
Artículo 32
Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o
más sistemas de derecho aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la
ley de ese Estado se interpretará que se refiere al sistema de derecho especificado por la ley
de dicho Estado.
Artículo 33
Un Estado en el que las diferentes unidades territoriales tengan sus propias normas
jurídicas respecto a la custodia de menores, no estará obligado a aplicar el presente
Convenio cuando no esté obligado a aplicarlo un Estado que tenga un sistema unificado de
derecho.
Artículo 34
El presente Convenio tendrá prioridad en las materias incluidas en su ámbito de
aplicación sobre el Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las
autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores entre los Estados partes
en ambos Convenios.
Por lo demás, el presente Convenio no restringirá la aplicación de un instrumento
internacional en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido ni la invocación de
otras normas jurídicas del Estado requerido, para obtener la restitución de un menor que
haya sido trasladado o retenido ilícitamente o para organizar el derecho de visita.
Artículo 35
El presente Convenio sólo se aplicará entre los Estados contratantes en los casos de
traslados o retenciones ilícitos ocurridos después de su entrada en vigor en esos Estados.
Si se hubiera formulado una declaración conforme a lo dispuesto en los artículos 39
o 40, la referencia a un Estado contratante que figura en el párrafo precedente se entenderá
que se refiere a la unidad o unidades territoriales a las que se aplica el presente Convenio.
Artículo 36
Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que dos o más Estados
contratantes, con el fin de limitar las restricciones a las que podría estar sometida la
restitución del menor, acuerden mutuamente la derogación de algunas de las disposiciones
del presente Convenio que podrían originar esas restricciones.
CAPITULO VI - CLAUSULAS FINALES
Artículo 37
El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que eran Miembros de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de su
Decimocuarta Sesión.
Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación
o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países
Bajos.
Artículo 38
Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio.
El instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de Asuntos Exteriores
del Reino de los Paises Bajos.
Para el Estado que se adhiera al Convenio, éste entrará en vigor el día uno del
tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de adhesión.
La adhesión tendrá efecto sólo para las relaciones entre el Estado que se adhiera y
aquellos Estados contratantes que hayan declarado aceptar esta adhesión. Esta declaración
habrá de ser formulada asimismo por cualquier Estado miembro que ratifique, acepte o
apruebe el Convenio después de una adhesión. Dicha declaración será depositada en el
Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos; este Ministerio enviará por
vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados contratantes.
El Convenio entrará en vigor entre el Estado que se adhiere y el Estado que haya
declarado que acepta esa adhesión el día uno del tercer mes siguiente al depósito de la
declaración de aceptación.
Artículo 39
Todo Estado, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, podrá declarar que el Convenio se extenderá al conjunto de los territorios a los
que representa en el plano internacional, o a uno o varios de ellos. Esta declaración surtirá
efecto en el momento en que el Convenio entre en vigor para dicho Estado.
Esa declaración, así como toda extensión posterior, será notificada al Ministerio de
Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
Artículo 40
Si un Estado contratante tiene dos o más unidades territoriales en las que se aplican
sistemas jurídicos distintos en relación a las materias de que trata el presente Convenio,
podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
que el presente Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias
de ellas y podrá modificar esta declaración en cualquier momento, para lo que habrá de
formular una nueva declaración.
Estas declaraciones se notificarán al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países
Bajos y se indicará en ellas expresamente las unidades territoriales a las que se aplica el
presente Convenio.
Artículo 41
Cuando un Estado contratante tenga un sistema de gobierno en el cual los poderes
ejecutivo, judicial y legislativo estén distribuidos entre las autoridades centrales y otras
autoridades dentro de dicho Estado, la firma, ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión del presente Convenio, o la formulación de cualquier declaración conforme a lo
dispuesto en el artículo 40, no implicará consecuencia alguna en cuanto a la distribución
interna de los poderes en dicho Estado.
Artículo 42
Cualquier Estado podrá formular una o las dos reservas previstas en el artículo 24 y
en el tercer párrafo del artículo 26, a más tardar en el momento de la ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión o en el momento de formular una declaración conforme
a lo dispuesto en los artículos 39 o 40. Ninguna otra reserva será admitida.
Cualquier Estado podrá retirar en cualquier momento una reserva que hubiera
formulado. La retirada 3 será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de
los Países Bajos.
La reserva dejará de tener efecto el día uno del tercer mes siguiente a las
notificaciones a que se hace referencia en el párrafo precedente.
Artículo 43
El Convenio entrará en vigor el día uno del tercer mes siguiente al depósito del
tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a que se hace
referencia en los artículos 37 y 38.
Después, el Convenio entrará en vigor:
1. para cada Estado que lo ratifique, acepte, apruebe o se adhiera con posterioridad, el
día uno del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión;
2. para los territorios o unidades territoriales a los que se haya extendido el Convenio
de conformidad con el artículo 39 o 40, el día uno del tercer mes siguiente a la
notificación a que se hace referencia en esos artículos.
Artículo 44
El Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en
vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43, incluso para
los Estados que con posterioridad lo hubieran ratificado, aceptado, aprobado o adherido.
Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años.
Toda denuncia será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los
Países Bajos, por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años. La
denuncia podrá limitarse a determinados territorios o unidades territoriales a los que se
aplica el Convenio.
La denuncia tendrá efecto sólo respecto al Estado que la hubiera notificado. El
Convenio continuará en vigor para los demás Estados contratantes.
3 Se utiliza el término "retirada" como sinónimo de "retiro".
Artículo 45
El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos notificará a los
Estados miembros de la Conferencia y a los Estados que se hayan adherido de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, lo siguiente:
1. las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que hace referencia el
artículo 37;
2. las adhesiones a que hace referencia el artículo 38;
3. la fecha en que el Convenio entre en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo
43;
4. las extensiones a que hace referencia el artículo 39;
5. las declaraciones mencionadas en los artículos 38 y 40;
6. las reservas previstas en el artículo 24 y en el párrafo tercero del artículo 26 y las
retiradas previstas en el artículo 42;
7. las denuncias previstas en el artículo 44.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente
Convenio.
Hecho en La Haya, el 25 de octubre de 1980, en francés y en inglés, siendo ambos
textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del
Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática copia
auténtica a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho
internacional Privado en el momento de su Decimocuarta Sesión.